Que puede llegar a cambiar el mapa de la comunicación audiovisual en nuestro país. Desde hace 28 años tenemos una ley de la dictadura que concentra la comunicación y la información, lo cual hace que se reproduzca sin el menor análisis crítico. Son pocas fuentes manejadas por escasos grupos. No hay lugar en los medios audiovisuales para el análisis, y esto se da en el marco de un decreto del gobierno de facto modificado por la necesidad de los grupos económicos mediáticos a lo largo de la década del ’90. Grupos que siguen actuando por fuera de la ley, teniendo más de lo que esta les permite, o de manera diferente. Entonces, sin una nueva ley, sin un nuevo marco regulatorio, será difícil encausar lo que hoy existe. Más allá del contenido que termine teniendo la ley, que en definitiva es el reflejo de un momento determinado de la sociedad, cualquier modificación democrática que se le haga podría significar un empezar de nuevo. Y esto cambiaría parámetros que hoy no tenemos. Eso es lo fundamental, tener una ley de la democracia para empezar de vuelta.
¿Cuáles serían los principales cambios que traería esta ley?
Modificaciones conceptuales. La actual ley de Radiodifusión no sólo tiene una ilegitimidad de origen por haber surgido en el contexto de un gobierno de facto, sino que además se basa en la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), la cual consideraba al ciudadano como a un sospechoso y combatía a un enemigo interno. A partir de esta concepción, la ley no habla del derecho a la comunicación, sino de esta como una cuestión de seguridad del estado, donde lo que se hace es controlar el mensaje. Además, es una ley absolutamente obsoleta, porque se hizo cuando la televisión era en blanco y negro, sin contemplar ninguna de las nuevas tecnologías. Entonces, cambiarla implicaría la legitimidad de una ley de la democracia incorporando todos los derechos nuevos que tiene nuestra Constitución: el de dar, buscar y recibir información, el respeto irrestricto a la libertad de prensa y la posibilidad de incorporar con las nuevas tecnologías a los nuevos actores, porque la ley lo que no garantiza es la igualdad de condiciones en el acceso. Como está basada en la DSN, las entidades nacionales no tenían la posibilidad de ser radiodifusores. Las ONG, los sindicatos, las cooperativas, las asociaciones civiles, las universidades no podían tener radios o canales de televisión, porque la ley lo prohibía. Necesitamos algo que permita la igualdad de condiciones para garantizar el acceso a todos los sectores. Como estamos hablando del manejo del aire y éste tiene un límite (la cantidad de frecuencias que se pueden establecer en el espectro) estableciendo principios de igualdad competirán en lo que llamaríamos la igualdad de los iguales. No se trata de Clarín contra una cooperativa, sino de que cada uno compita en su segmento garantizando condiciones de igualdad entre iguales.
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